Operativo contra robo de combustible redujo en 700 mil litros las pérdidas nacionales
Recope y Seguridad celebran la caída sostenida en las cifras de tomas ilegales y combustible robado entre 2023 y 2025, pero alertan que la impunidad sigue alimentando al crimen organizado.
La presidenta de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Karla Montero, celebró este viernes una caída sostenida en el robo de combustible durante la actual istración.
Junto al ministro de Seguridad Mario Zamora, la jerarca reveló los resultados de la operación conjunta que se desarrolla desde 2023 y que ha permitido, entre otras, la reducción de tomas ilegales en el país.
“Estamos viendo réditos claros de una estrategia integral basada en tecnología, capacitación especializada y articulación institucional. Sin embargo, el problema sigue vigente y no podemos bajar la guardia”, aseveró Montero.
Por ejemplo, Recope reportó que de enero a mayo de este año las autoridades lograron desmantelar 32 tomas ilegales frente a las 58 de 2024 o las 85 de 2023.
La cifra, a su vez, se respalda con una caída de 700 mil litros de combustible robado en dos años, pasando de 2.5 millones en los primeros meses de 2023 a 1.8 millones en lo que va de este 2025.
“Estamos hablando de que son 22 cisternas que este año no cayeron en manos criminales y que mientras el país perdió ₡1.134 millones en ese periodo de 2023 ahora son ₡666 millones.
"Este es un ahorro que beneficia al país entero y al bolsillo de los costarricenses”, añadió la jerarca.
Parte de esa disminución, según Montero, se puede atribuir a una mayor conciencia colectiva sobre la gravedad del robo de combustible, la cual se ha traducido a una mayor cifra de denuncias ciudadanas.
Zamora, por su parte, insistió en que detrás de este delito hay grupos criminales especializados que se dedican al robo, transporte y comercialización del combustible para financiar, o facilitar, sus actividades delictivas.
“Hemos detectado que se trata de organizaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas, grupos temibles que incluso se pelean por el territorio.
“Pero uno de los grandes problemas es que la mayor parte de los infractores detenidos, casi en más de un 95%, han quedado inmediatamente libres. Ese es un mensaje negativo desde las instancias judiciales a las organizaciones criminales, que les hace ver que ese delito es relativamente tolerado como si se tratara de un delito de baja monta”, cuestionó el ministro.
Zamora hizo un llamado al Poder Judicial sobre la gravedad de la situación y la necesidad de sanciones más severas contra estos grupos.
